Mejorar las condiciones económicas en vistas a paliar los efectos de la crisis financiera en territorio comunitario sigue siendo la principal prioridad de la Unión Europea. Esta preocupación ha vuelto a quedar patente en el marco del Consejo Europeo de primavera, celebrado en Bruselas del 19 al 20 de marzo, encuentro en el que se sentaron las bases de la posición europea para la
reunión del G-20 que tendrá lugar el 2 de abril en Londres. Dos recetas –seguir apostando por el estímulo fiscal y por una respuesta coordinada– y un deseo unánime –aumentar el control y la regulación de los mercados financieros– han sido las líneas maestras del acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y Gobierno de los 27 para seguir haciendo frente a la recesión. Paralelamente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y su homólogo checo y presidente del Consejo Europeo, Mirek Topolánek, se reunieron con los agentes sociales europeos para analizar las condiciones del mercado laboral comunitario en estos momentos de crisis.

Control y regulación. Esas parecen ser las recetas por las que apuesta la estrategia comunitaria para evitar que vuelvan a producirse situaciones de recesión tan agudas y graves como la que atraviesa en la actualidad la economía mundial. Respaldando las conclusiones del llamado ‘Informe Larosière’ –elaborado por un grupo de expertos capitaneados por el ex gobernador del Banco de Francia, Jacques Larosière–, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reunidos en Bruselas en el marco del Consejo Europeo han acordado acudir a la próxima reunión del G-20 con una propuesta en firme que aboga por el establecimiento de organismos reguladores que controlen las parcelas más opacas de los mercados financieros.

El objetivo de esta medida no es otro que impedir que vuelvan a producirse situaciones tan graves y comprometidas como la actual crisis financiera, motivada en gran medida por un exceso de riesgo en los mercados que no fue valorado a tiempo.

Más control en los mercados y sanciones a los paraísos fiscales

La Unión Europa acudirá a la cita del próximo 2 de abril en Londres con un paquete de propuestas muy concreto. Por una parte, la garantía de que se va a mantener la coordinación internacional en la aplicación de medidas de incentivo fiscal –para evitar desequilibrios regionales–, manteniendo los mercados abiertos y rechazando cualquier iniciativa de carácter proteccionista. Por otra, la apuesta permanente por el restablecimiento del crédito en los mercados para garantizar que éste llegue a la economía real –empresas y particulares– y se reactive el consumo. Pero, sobre todo, reforzar la capacidad de gestión del G-20 en vistas a aumentar la prevención de crisis internacionales como la actual.

Muchas han sido las voces que se han alzado en los últimos meses denunciando la falta de previsión de las máximas autoridades financieras mundiales –Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro sobre la Estabilidad Financiera (FEF), Comisión Europea, Reserva Federal estadounidense etc.– y, precisamente, para impedir nuevas situaciones de colapso financiero, la Unión Europea defenderá que se encomiende al FMI, en colaboración con el FEF, la supervisión del plan de regulación que se alcanzó en Washington en el marco de la primera reunión de G-20 el pasado mes de noviembre.

Para ello, los 27 han concertado incrementar los recursos del FMI –75.000 millones de euros en forma de un préstamo que permita al organismo ayudar rápidamente a cualquiera de sus miembros que atraviese dificultades en su balanza de pagos–.

Además, la Unión Europea ha estimado que es fundamental aumentar la transparencia en sectores tan opacos como las agrupaciones de capital privadas, inversiones de alto riesgo, capital de inversión y vehículos de inversión alternativos. Mención especial requieren las llamadas agencias de calificación crediticias, a las que se establecerá unas normas internacionales de control de calidad de forma que se certifique la certeza de su evaluación.

Por último, Europa ha defendido la necesidad de combatir el fraude fiscal, la delincuencia financiera y el blanqueo de dinero y apostado por proteger el sistema financiero internacional de jurisdicciones no transparentes. Así, ha propuesto elaborar una lista de paraísos fiscales y aplicar a estos países un paquete de sanciones para impedir que sigan consintiendo el fraude.

Las consecuencias sociales de la crisis

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también han querido mostrar su preocupación por las consecuencias sociales de la crisis entre la ciudadanía. La pérdida de poder adquisitivo y, sobre todo, el aumento del desempleo son dos situaciones especialmente dramáticas. Por esa razón, y para conocer la opinión de los expertos en la materia, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, acompañado por su homólogo checo en calidad de presidente del Consejo Europeo, Mirek Topolánek, se han reunido con los agentes sociales europeos en vistas a analizar las condiciones del mercado de trabajo en estos momentos de crisis.

Con el objetivo prioritario de estimular el empleo, los 27 han apostado por mantener la solidaridad y unos sistemas de protección social que permitan restablecer la confianza en el sistema, así como por apoyarse en la llamada Estrategia de Lisboa renovada para favorecer el crecimiento y el empleo de forma sostenible, gracias a la consecución de la eliminación total de barreras al mercado interior, la reducción de cargas administrativas y la mejora de las condiciones generales para la industria en vistas a mantener un tejido industrial sólido e innovador.

Más información:
Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo 19- 20 marzo 2009
Informe Larosière
Federico Steinberg, analista del Real Instituto Elcano, analiza las causas y consecuencias de la crisis financiera
Plan Europeo de Recuperación Económica
Respuesta de la UE a la crisis financiera

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