El desarrollo del mercado de las telecomunicaciones sigue imparable en la Unión Europea, y eso a pesar de la crisis financiera. Así se desprende del Informe intermediario sobre el mercado único de las telecomunicaciones publicado por la Comisión Europea. Según este estudio, el uso de la telefonía móvil, así como de otros servicios de telecomunicaciones, como el Internet móvil y la banda ancha, han aumentado en la UE por encima de países como Estados Unidos o Japón –grandes consumidores de tecnología–, incremento motivado en cierta manera por una mejora de los servicios y, sobre todo, la rebaja generalizada de las tarifas. No obstante, las diferencias de cobertura y precios varían de forma significativa de un país a otro, lo que deja patente una Europa “a dos velocidades”, al menos en lo que respecta al desarrollo de las telecomunicaciones.

El negocio de las telecomunicaciones en la Unión Europea resulta imparable, incluso en épocas de recesión como la actual. Un estudio hecho público por la Comisión Europea coloca a Europa a la vanguardia mundial en servicios de telefonía móvil en 2008: más del 119% de la población comunitaria disponía de móvil, frente al 87% de ciudadanos estadounidenses y el 84% de japoneses, países ambos en los que está muy extendido el consumo de servicios tecnológicos.

Esta tendencia al alza –especialmente significativa si tenemos en cuenta que los ingresos han caído prácticamente en todos los sectores de la economía comunitaria– podría deberse en gran parte a la mejora de la competitividad en el sector. De hecho, el incremento de la competencia se ha dejado notar de forma significativa en las tarifas telefónicas, provocando que la factura media de la UE haya pasado de 21,48 € en 2007 a 19,49 € en 2008.

En cuanto al uso de Internet, el 75% de los europeos –114 millones de usuarios– poseen hoy en día conexiones iguales o superiores a 2 Mb –también más baratas–, aunque las diferencias en penetración son notables en unos países y otros de la UE: mientras en Dinamarca y en los Países Bajos el 35% de la población dispone de banda ancha, en otros países como Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria su penetración apenas roza el 12%.
También avanza el desarrollo de otros servicios tecnológicos, como Internet sin cable o la fibra óptica.

Tarifas más bajas, pero dependiendo del mercado

Un análisis más profundo del mercado de las telecomunicaciones pone especialmente de manifiesto el dinamismo de la telefonía móvil, sector en el que han crecido de forma significativa el número de llamadas y la contratación de la alta velocidad móvil. Asimismo, resulta notable la caída de las tarifas, aunque el negocio de las operadoras se ha visto compensado por el incremento de abonados. Sin embargo, las divergencias siguen siendo notables entre un país y otro de la UE, debido sobre todo al grado de liberalización del mercado así como a su regulación desde el punto de vista nacional. Así, mientras en Dinamarca o Malta el precio de comunicación móvil por minuto asciende a 0,26- 0,27 €, en Chipre o Bulgaria no llega a los 0,05 €.

Por otra parte, el precio de los mensajes SMS –que suponen el 11% del total de la cifra de negocios de las operadoras de móvil– también ha experimentado una rebaja significativa, así como el de la telefonía fija –sobre todo desde que se ofertan paquetes de mensajes y servicios–. En cuanto a la telefonía móvil de tercera generación, sus usuarios europeos ascienden a 91 millones, el 15,5% del total de abonados de la telefonía móvil.

La penetración de la banda ancha en la UE también ha registrado un importante crecimiento en 2008, dándose de alta 14 millones de nuevos abonados, lo que supone el 22,9% del cómputo global de usuarios de Internet. El coste de las tarifas de conexión también descendió el curso pasado respecto al año anterior, sobre todo en lo que respecta a la banda ancha de entre 8 y 10 Mb, aunque, también en este ámbito, las diferencias resultan significativas entre un país y otro de la UE.

España: las tarifas más caras de la UE

Las conclusiones del estudio respecto al mercado español no resultan muy halagüeñas. De hecho, en comparación con el resto de países de la UE, España fue en 2008 el país con tarifas de telefonía móvil más caras de Europa: si en el resto de Estados miembros se podía contratar una tarifa plana por 19,49 €, en España se pagaba un mínimo de 35,89 € por el mismo servicio.

Esta realidad económica implica que la tasa de penetración móvil sea más reducida en España que en la UE (114% frente a 119% en la UE), así como la contratación de servicios de banda ancha (20,2% frente a 22,9%). La elevada tendencia a cambiar de operador demuestra el dinamismo del mercado: el 21,9% de los consumidores españoles se ha animado a solicitar la portabilidad telefónica –que permite sustituir un operador por otro manteniendo el mismo número de teléfono–, haciendo uso de su derecho a elegir la compañía que mejor satisface sus necesidades.

Más información:
Informe sobre el Mercado de las Telecomunicaciones
El mercado de las telecomunicaciones en España
Hacia un mercado único de las telecomunicaciones: liberalización y armonización

De acuerdo a la Estrategia de Lisboa, y en el marco de la crisis financiera que azota las economías mundiales, impulsar el crecimiento y el empleo en la UE se ha convertido en una de las principales prioridades de la Comisión Europea. Dada su importancia en el cómputo global del tejido empresarial europeo, el Gobierno comunitario ha establecido un paquete de medidas de ayuda a la financiación de las pequeñas y medianas empresas –pyme– de nueva creación, innovadoras y en expansión que permiten compartir los riesgos asociados a los préstamos y generar más inversión en capital riesgo. Analizamos las vías de acceso al crédito que ofrece la Unión Europea, así como diversas iniciativas encaminadas a mejorar la competitividad de la empresa emprendedora.

Antes de examinar las diversas herramientas existentes en el ámbito comunitario, conviene tener en cuenta porqué son tan importantes las pymes para la economía europea. Las cifras son claras: nada más y nada menos que 23 millones de empresas europeas son pymes, lo que supone el 99,8% del total del tejido empresarial comunitario. ¿Y de qué manera repercute su actividad en el mercado laboral? En realidad, de forma muy decisiva ya que el 67% del total de los puestos de trabajo del sector privado en la Unión Europea se crean en pequeñas y medianas empresas. En algunos sectores específicos, como es el caso de la metalurgia, la construcción y la fabricación de muebles, los puestos de trabajo generados por pymes rozan el 80%.

Pero, ¿qué es realmente una pyme? Según la definición oficial comunitaria, una pequeña o mediana empresa es aquella que ejerce su actividad en total independencia respecto a las grandes compañías, que no cuenta con más de 250 empleados y cuya facturación no alcanza los 50 millones de euros. Existen tres categorías de pyme: la microempresa –con menos de 10 trabajadores–, la pequeña empresa –que cuenta con entre 10 y 49 asalariados– y la empresa de tamaño medio, que puede llegar a alcanzar los 249 empleados.

Hoy en día, su importancia y peso económico en el conjunto de la UE es tal que han diversificado su actividad, por lo que es posible encontrar desde pequeñas empresas familiares dedicadas a la elaboración de productos agroalimentarios orgánicos hasta compañías dedicadas a la investigación y al desarrollo de sistemas informáticos.

Según se desprende de una encuesta realizada por Eurostat en abril de 2008, los principales problemas a los que debe enfrentarse una pyme son las cargas administrativas y reguladoras, el acceso a la financiación, los impuestos, la falta de formación y, en menor medida, la competencia desmesurada y las estrictas leyes laborales.

Un marco jurídico para la pyme: “Small Business Act”

En respuesta a alguna de esas reivindicaciones, la Comisión Europea ha anunciado en los últimos meses una reducción de las cargas administrativas para las empresas comunitarias –medida que permitirá ahorrar en torno a los 600 millones de €–, así como la puesta en marcha de un marco político y legislativo comunitario en el que se reconozca, por primera vez, el importantísimo papel que juega este tipo de empresas en la economía europea.

El Small Business Act nace con el triple objetivo de mejorar el actual enfoque que se da a la actividad emprendedora, promover el crecimiento de estas empresas ayudándolas a superar los problemas que frenan su desarrollo y, sobre todo, establecer en el seno de las instituciones comunitarias una nueva filosofía que podría definirse como “pensar en la pyme antes que nada”.

Esta iniciativa contempla propuestas como la creación de un entorno en el que los emprendedores puedan desarrollarse y el espíritu de empresa se vea recompensado, así como la adaptación de los instrumentos políticos públicos a las necesidades de la pyme o la garantía de que se ayudará al pequeño empresario a sacar el máximo provecho de las posibilidades que le ofrece el Mercado Único Europeo.

Una vía hacia la financiación

La Unión Europea ofrece en la actualidad diferentes propuestas de ayuda a la pyme en forma de subvenciones, préstamos o garantías. Conviene diferenciar entre cuatro categorías distintas, según su naturaleza y propósito final:

Por una parte se encuentran las llamadas oportunidades temáticas de financiación, que ofrecen subvenciones a las pequeñas y medianas empresas siempre que su proyecto cumpla objetivos específicos –medioambientales, innovadores o formativos– de sostenibilidad o valor añadido. Este tipo de subsidios se solicitan directamente a los distintos departamentos comunitarios y cubren una parte de los costes. En este ámbito se inscriben las iniciativas LIFE + –2.100 millones de € disponibles en el periodo 2007-2013 para propuestas de carácter medioambiental–, el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad –3.600 millones de € para financiar iniciativas empresariales innovadoras en el campo medioambiental y de la energía inteligente–, Marco Polo II –400 millones de € para propuestas que contribuyan a crear un sistema de transporte eficiente y sostenible–, el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico –dispone de más de 16.500 millones de € para financiar varios programas destinados específicamente a la pyme–, CULTURE –400 millones de € en ayudas para proyectos de cooperación cultural en todos los campos artísticos– y el Programa de Acción Integrada en el Área del Aprendizaje Permanente, que comprende iniciativas educativas como COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI o GRUNDTVIG.

A la segunda categoría pertenecen los llamados fondos estructurales, que tienen la peculiaridad que están regulados y seleccionados por las autoridades nacionales, regionales o locales. Son los grandes instrumentos comunitarios de financiación en beneficio de la pyme y tienen como objetivo principal acabar con las disparidades económicas entre regiones de la UE y promover la cohesión y el desarrollo social. Entre ellos destacan el Fondo Europeo de Desarrollo Regional –con una dotación total de 308.000 millones de € para el periodo 2007-2013–, el Fondo Social Europeo –consagrado a la creación del empleo y a la mejora de la formación profesional–, el Fondo de Desarrollo Rural –se centra en la mejora de la competitividad de la agricultura, el Medio Ambiente, el desarrollo rural, la calidad de vida y la diversificación de la economía en el entorno rural–, JEREMIE –destinado exclusivamente a la concesión de microcréditos, capital riesgo y o garantías a las pymes– y JASMINE, una acción piloto que presta asistencia técnica y financiación a entidades bancarias para garantizar el flujo de microcréditos a las pequeñas y medianas empresas europeas.

En el tercer grupo de herramientas de financiación se inscriben los instrumentos financieros: se trata en su mayoría de préstamos gestionados por intermediarios financieros nacionales o por organismos como el Fondo Europeo de Inversiones. A esta categoría pertenecen las inversiones propias del Fondo Europeo de Inversiones –capital riesgo y garantías de créditos a la pyme– o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, entidad que dispone de 20.000 millones de € para el periodo 2008-2011 para concesión de préstamos a las pymes en aras de incrementar su capital circulante.

Por último, destacan las ayudas a la internacionalización de las pymes, concedidas a través de organismos nacionales que actúan de intermediario y que tienen por objeto facilitar la internacionalización de estas empresas fuera del territorio comunitario. En España, estas subvenciones están gestionadas por el Instituto de Comercio Exterior y comprenden programas de fomento de la cooperación regional con Latinoamérica –Al- Invest–, Asia –Asia- Invest– y los países del África austral y subsahariana, el Caribe y el Pacífico –Pro- Invest–.

Otras iniciativas comunitarias a favor de la pyme

En su afán por establecer un entorno más propicio para el desarrollo empresarial europeo, la Comisión Europea está trabajando en el lanzamiento de varias iniciativas, como la celebración de la primera Semana Europea de la pyme, que tendrá lugar del 6 al 14 de mayo, y que pretende, a través de la organización de diversos actos locales y nacionales, impulsar la actividad empresarial, desarrollar nuevas ideas y crear redes de contacto entre emprendedores de toda Europa.

En este sentido se inscribe también la puesta en marcha del programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, proyecto piloto que ofrece a aquellos jóvenes europeos que estén poniendo en marcha su propia empresa, los conocimientos en la materia que pueda brindarles un empresario comunitario ya consolidado durante un periodo de entrenamiento de seis meses. Esta experiencia resulta interesante también porque ofrece, tanto al joven emprendedor como al empresario más experimentado, el acceso a nuevos mercados y contactos muy valiosos de cara a la búsqueda de potenciales socios comerciales.

Por último, la Comisión Europea ha lanzado recientemente la página web “Acceso a la financiación“, en la que encontrará toda la información que precise para solicitar ayuda financiera a las instituciones comunitarias. Además, los socios locales de la Enterprise Europe Network –red de innovación y apoyo a las empresas que ofrece servicios integrales de alta calidad para las pymes– estarán encantados de asesorarle en relación a cualquier duda que pueda surgirle.

Más información:
Acceso a la financiación de las pymes
Semana Europea de la pyme
Erasmus Jóvenes Emprendedores
Small Business Act
Enterprise Europe Network en España

El objetivo de esta medida no es otro que impedir que vuelvan a producirse situaciones tan graves y comprometidas como la actual crisis financiera, motivada en gran medida por un exceso de riesgo en los mercados que no fue valorado a tiempo.

Más control en los mercados y sanciones a los paraísos fiscales

La Unión Europa acudirá a la cita del próximo 2 de abril en Londres con un paquete de propuestas muy concreto. Por una parte, la garantía de que se va a mantener la coordinación internacional en la aplicación de medidas de incentivo fiscal –para evitar desequilibrios regionales–, manteniendo los mercados abiertos y rechazando cualquier iniciativa de carácter proteccionista. Por otra, la apuesta permanente por el restablecimiento del crédito en los mercados para garantizar que éste llegue a la economía real –empresas y particulares– y se reactive el consumo. Pero, sobre todo, reforzar la capacidad de gestión del G-20 en vistas a aumentar la prevención de crisis internacionales como la actual.

Muchas han sido las voces que se han alzado en los últimos meses denunciando la falta de previsión de las máximas autoridades financieras mundiales –Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro sobre la Estabilidad Financiera (FEF), Comisión Europea, Reserva Federal estadounidense etc.– y, precisamente, para impedir nuevas situaciones de colapso financiero, la Unión Europea defenderá que se encomiende al FMI, en colaboración con el FEF, la supervisión del plan de regulación que se alcanzó en Washington en el marco de la primera reunión de G-20 el pasado mes de noviembre.

Para ello, los 27 han concertado incrementar los recursos del FMI –75.000 millones de euros en forma de un préstamo que permita al organismo ayudar rápidamente a cualquiera de sus miembros que atraviese dificultades en su balanza de pagos–.

Además, la Unión Europea ha estimado que es fundamental aumentar la transparencia en sectores tan opacos como las agrupaciones de capital privadas, inversiones de alto riesgo, capital de inversión y vehículos de inversión alternativos. Mención especial requieren las llamadas agencias de calificación crediticias, a las que se establecerá unas normas internacionales de control de calidad de forma que se certifique la certeza de su evaluación.

Por último, Europa ha defendido la necesidad de combatir el fraude fiscal, la delincuencia financiera y el blanqueo de dinero y apostado por proteger el sistema financiero internacional de jurisdicciones no transparentes. Así, ha propuesto elaborar una lista de paraísos fiscales y aplicar a estos países un paquete de sanciones para impedir que sigan consintiendo el fraude.

Las consecuencias sociales de la crisis

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también han querido mostrar su preocupación por las consecuencias sociales de la crisis entre la ciudadanía. La pérdida de poder adquisitivo y, sobre todo, el aumento del desempleo son dos situaciones especialmente dramáticas. Por esa razón, y para conocer la opinión de los expertos en la materia, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, acompañado por su homólogo checo en calidad de presidente del Consejo Europeo, Mirek Topolánek, se han reunido con los agentes sociales europeos en vistas a analizar las condiciones del mercado de trabajo en estos momentos de crisis.

Con el objetivo prioritario de estimular el empleo, los 27 han apostado por mantener la solidaridad y unos sistemas de protección social que permitan restablecer la confianza en el sistema, así como por apoyarse en la llamada Estrategia de Lisboa renovada para favorecer el crecimiento y el empleo de forma sostenible, gracias a la consecución de la eliminación total de barreras al mercado interior, la reducción de cargas administrativas y la mejora de las condiciones generales para la industria en vistas a mantener un tejido industrial sólido e innovador.

Más información:
Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo 19- 20 marzo 2009
Informe Larosière
Federico Steinberg, analista del Real Instituto Elcano, analiza las causas y consecuencias de la crisis financiera
Plan Europeo de Recuperación Económica
Respuesta de la UE a la crisis financiera

Una única respuesta, aunque con acciones coordinadas. Esa es la estrategia aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. En un nuevo intento por poner freno a la crisis financiera, los mandatarios europeos se reunieron en Bruselas para preparar una estrategia conjunta de cara a la celebración de una nueva reunión del G20 en Londres, el próximo 4 de marzo. Entre las medidas a seguir destacan el restablecimiento de la confianza, la reconducción de la economía real y la defensa de una postura europea conjunta en el seno de las instituciones internacionales.

Una única voz en Europa. Ese es el principal mensaje que quisieron lanzar los jefes de Estado y de Gobierno de la UE desde Bruselas, donde tuvo lugar una reunión informal para preparar el Consejo Europeo de primavera (19- 20 de marzo) en el que se pactarán los términos de la propuesta comunitaria para la próxima reunión del G20 en Londres, prevista para el 4 de abril.

Una vez más, los jefes de Estado y de Gobierno han querido lanzar un mensaje de confianza de las instituciones al defender que la mejor vía para hacer frente a la crisis pasa por la adopción de medidas conjuntas y coordinadas en el seno de la Unión, respetando el marco del Mercado Único y la Unión Económica y Monetaria. En ese sentido, los tres ejes de la estrategia comunitaria son el restablecimiento de la confianza, la recuperación de la economía real y la unidad europea en el seno de las instituciones internacionales.

Restablecer la confianza y la estabilidad financiera

Una de las principales preocupaciones de la UE sigue siendo restablecer la confianza en los mercados, una de las premisas más importantes para poder reactivar la economía y el consumo. Para ello, los 27 abogan por cumplir los criterios del Plan de Recuperación Económica adoptado en octubre pasado y abrir nuevas vías que permitan desbloquear el crédito y optimizar los resultados de las distintas medidas de impulso fiscal que están llevando a cabo los Estados miembros.

Un papel importante juegan los llamados activos bancarios deteriorados, principales culpables de que los bancos sigan limitando el crédito a empresas y particulares. En este sentido, la UE defiende la aplicación de medidas urgentes –ya sea a través del rescate bancario o de un régimen de garantías– que permitan a las entidades financieras asumir el riesgo contraído –principalmente por las llamadas hipotecas subprime estadounidenses– y comenzar a reabrir el grifo del crédito. Eso sí: cualquier medida nacional que se aplique deberá garantizar las reglas de la competencia en el mercado único.

Por otra parte –y recuperando una de las principales iniciativas aprobadas en la reunión que mantuvieron los Estados miembros integrantes del G20 el pasado 22 de febrero en Berlín–, los 27 consideran imprescindible mejorar la reglamentación y la supervisión de las instituciones financieras, así como de las agencias crediticias y los productos y actores financieros para evitar situaciones de colapso del sistema como la actual.

Recuperar la economía real

Asimismo, conscientes de la necesidad de reconducir la economía real, los 27 abogan por evaluar las medidas nacionales y comunitarias del Plan de Recuperación Económica en el próximo Consejo Europeo y, en base a las conclusiones que se desprendan de dicho análisis, emprender nuevas prácticas encaminadas a mejorar su efectividad.

Además, la UE defiende la necesidad de trabajar exclusivamente en el marco del mercado único para respaldar el crecimiento económico y el empleo, demostrando así su oposición a las políticas proteccionistas aplicadas por ciertos Estados miembros de cara a mejorar la competitividad de sus principales sectores industriales.

Una única voz europea en el mundo

Seguir manteniendo una misma postura como organización supranacional en el marco de las grandes organizaciones internacionales es una de las mayores preocupaciones de Europa. En ese sentido, los 27 consideran que las estrategias que se adopten en el seno de la UE se deberán reflejar adecuadamente en el contexto internacional para evitar perjudicar a los países en vías de desarrollo. No obstante, se hace especial hincapié en la urgencia de lograr una rápida conclusión del Programa de Doha para el Desarrollo.

Por último, coinciden en reconocer la importancia de la reunión que mantendrán los países del G20 en Londres –encuentro del que todos reconocen debe salir una respuesta global de cara al establecimiento de un  nuevo orden económico mundial– y el rol de liderazgo que debe jugar la UE en su seno, para lo que, insisten, será preciso mantener una posición común frente a la crisis.

Más información:
Conclusiones de la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE: 1 de marzo
La crisis económica: datos y medidas adoptadas
Plan Europeo de Recuperación Económica

Los ciudadanos búlgaros y rumanos que residan en España podrán acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto de residentes comunitarios. Las autoridades españolas se suman con esta iniciativa a otros 13 países en los que está garantizada la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios. Asimismo, Grecia, Portugal y Hungría también han decidido abrir sus mercados laborales a búlgaros y rumanos a partir del 1 de enero de 2009.

Sin embargo, otros 11 Estados miembros de la UE –Reino Unido, Austria, Países Bajos, Malta, Luxemburgo, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, Dinamarca y Bélgica– siguen manteniendo restricciones a los trabajadores de estos países, en su mayoría, la obligación de presentar previamente un permiso de trabajo. Dinamarca, no obstante, levantará estas restricciones a partir del 1 de mayo de 2009.

El objetivo principal de la Comisión Europea es que estos Estados vayan eliminando progresivamente las limitaciones de estos trabajadores, siendo la fecha límite para aplicar esta medida el 31 de diciembre de 2011. A partir de ese momento, sólo podrá haber barreras que impidan el acceso a cualquier ciudadano comunitario a un trabajo digno en igualdad de condiciones si existe riesgo real de perturbación en dichos mercados laborales.

En realidad, la probabilidad de que la estabilidad laboral se vea amenazada es muy reducida si tenemos en cuenta las conclusiones del informe sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores tras la Ampliación presentado en noviembre de 2008 por la Comisión Europea. Según se desprende de dicho informe, entre 2004 y 2007, la movilidad de trabajadores de los nuevos países miembros por el territorio comunitario contribuyó al crecimiento económico sostenido, sin provocar una bajada de los salarios ni un desplazamiento de los trabajadores nacionales. Además, este estudio pone de manifiesto que en épocas de recesión económica como la actual en las que los mercados laborales se suelen ver restringidos, los propios trabajadores tienden a regresar a sus países de origen, produciéndose una “autorregulación” natural del mercado de trabajo.

A partir del 31 de diciembre de 2013 no cabrán más excusas, ya que se aplicará obligatoriamente la libre circulación de trabajadores comunitarios en el territorio de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Más sobre este tema:
Disposiciones transitorias para los trabajadores de los nuevos Estados miembros